La Cámara baja dio media sanción a la prórroga del régimen de estabilidad previsto para proyectos eólicos y solares hasta 2045. Las empresas consideran que la continuidad regulatoria resulta clave para sostener inversiones, aunque advierten que persisten fuertes restricciones en la red eléctrica.
La Cámara de Diputados avanzó con la extensión del régimen de estabilidad fiscal para las energías renovables y dio una señal esperada por las principales empresas del sector eléctrico.
En una sesión atravesada por el debate sobre subsidios y tarifas energéticas, el oficialismo consiguió aprobar la media sanción para prolongar hasta el 31 de diciembre de 2045 los beneficios contemplados en la Ley 27.191, considerada uno de los pilares regulatorios para el desarrollo de proyectos eólicos y solares en Argentina.
La iniciativa deberá ahora ser tratada en el Senado y busca restablecer previsibilidad para inversiones de largo plazo, luego de que el esquema original perdiera vigencia a fines de 2025.
El tema ya había generado tensión parlamentaria meses atrás. A fines del año pasado, el Congreso rechazó el capítulo energético incluido en el Presupuesto 2026, donde el Gobierno había intentado incorporar la extensión de los incentivos fiscales para el sector renovable.
Qué contempla el régimen aprobado
La media sanción mantiene vigente el esquema de estabilidad fiscal previsto en el artículo 17 de la Ley 27.191, una herramienta clave para proyectos de generación renovable que requieren horizontes de inversión de varias décadas.
La normativa establece que el acceso y utilización de fuentes renovables no puede quedar alcanzado por nuevos tributos específicos, cánones o regalías nacionales, provinciales o municipales que alteren las condiciones originales de los proyectos.
Además, el régimen contempla distintos beneficios fiscales orientados a mejorar la competitividad y facilitar el financiamiento de inversiones intensivas en capital.
Entre ellos aparecen la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias, la devolución anticipada del IVA, la extensión del plazo para computar quebrantos impositivos y la emisión de certificados fiscales aplicables a impuestos nacionales.
La iniciativa aprobada en Diputados no incorpora nuevos subsidios ni modifica el funcionamiento del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), utilizado por grandes usuarios para contratar energía limpia de manera directa.
El objetivo principal del proyecto es garantizar continuidad regulatoria para los desarrollos ya operativos y para futuras inversiones vinculadas a generación renovable.
El impacto sobre las inversiones
Desde la sanción original de la ley, el crecimiento de las energías renovables modificó significativamente la composición de la matriz eléctrica argentina.
Según datos de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA), entre 2015 y 2025 el régimen permitió movilizar inversiones superiores a los US$8.000 millones.
Durante ese período, la participación renovable dentro de la generación eléctrica nacional pasó del 2% al 17%, impulsada principalmente por parques eólicos y solares desarrollados en distintas provincias.
La tendencia continuó durante 2026. De acuerdo con cifras de CAMMESA, las fuentes renovables representaron el 19,2% de la generación eléctrica total durante el primer trimestre del año.
El crecimiento fue liderado especialmente por proyectos ubicados en la Patagonia, el NOA y la región centro del país, donde se concentran las mejores condiciones de recurso eólico y solar.
El reclamo empresario: previsibilidad y seguridad jurídica
Las cámaras empresarias venían reclamando desde hace meses una definición legislativa para sostener la estabilidad regulatoria del sector.
El presidente de la CEA y CEO de PCR, Martín Brandi, sostuvo que la previsibilidad constituye hoy uno de los principales factores para sostener el ingreso de capitales en proyectos energéticos de largo plazo.
En la misma línea, Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la entidad, remarcó que el sector no reclama nuevos esquemas de subsidios sino reglas estables y seguridad jurídica para garantizar financiamiento.
También desde la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) respaldaron la extensión del régimen, aunque manifestaron preocupación por la ausencia de nuevas políticas activas de expansión y por la eliminación de metas obligatorias de participación renovable.
El límite sigue siendo la infraestructura
Más allá de la cuestión fiscal, el principal obstáculo para el crecimiento renovable continúa siendo la falta de capacidad de transporte eléctrico.
Actualmente, distintos corredores de alta tensión presentan niveles de saturación que limitan la posibilidad de incorporar nuevos proyectos al sistema nacional.
El problema afecta especialmente a regiones con abundante recurso renovable, donde existen emprendimientos listos para construirse pero sin posibilidad de inyectar energía por restricciones de red.
Entre las obras consideradas prioritarias aparece AMBA I, destinada a ampliar la capacidad de transporte eléctrico en el área metropolitana y mejorar la integración del sistema.
En el sector advierten que la estabilidad fiscal es una condición necesaria para atraer inversiones, aunque insuficiente si no avanza paralelamente la expansión de infraestructura energética.
Tras la aprobación en Diputados, la discusión pasará ahora al Senado, en un escenario parlamentario donde los bloques provinciales podrían volver a jugar un papel determinante para definir el futuro del régimen que siguen de cerca compañías como Genneia, YPF Luz, Central Puerto, PCR, Pampa Energía, AES Argentina, MSU Green Energy y TotalEnergies.
