Energías renovables: Olavarría impulsa una nueva tasa para parques eólicos
El municipio bonaerense busca crear un tributo anual para cada aerogenerador instalado en su territorio. Las empresas advierten que la medida incrementará los costos de operación y llega en un momento de incertidumbre regulatoria, tras el vencimiento de los beneficios de estabilidad fiscal para las energías renovables.
La industria de las energías renovables sigue de cerca un proyecto de ordenanza presentado por el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, que propone crear una Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene para los parques eólicos radicados en el distrito. De aprobarse, las empresas deberán abonar un cargo anual equivalente a unos US$ 5.200 por cada aerogenerador instalado.
La iniciativa ya ingresó al Concejo Deliberante y comenzará su tratamiento en comisiones. Desde el sector privado sostienen que el nuevo esquema implicaría un aumento de los costos operativos y podría afectar la rentabilidad de proyectos ya en funcionamiento y de futuras inversiones.
Según fuentes vinculadas a la actividad, la propuesta original contemplaba un gravamen considerablemente más alto, calculado sobre la facturación de los parques eólicos y equivalente a cerca del 1,5% de sus ingresos. Tras las objeciones planteadas por las compañías, el municipio reformuló el proyecto y optó por un monto fijo por aerogenerador, que representa aproximadamente el 0,5% de la facturación promedio de las centrales.
Aun así, dentro de la industria persisten reparos. Algunas empresas consideran que el importe continúa siendo elevado y sostienen que una tasa municipal de Seguridad e Higiene no debería determinarse tomando como referencia la actividad económica de los parques. Otras fuentes, en cambio, admiten que el esquema quedó en un nivel intermedio respecto de otros municipios que ya aplican tributos similares.
La medida impactaría sobre cuatro parques eólicos
En caso de aprobarse la ordenanza, la tasa alcanzará inicialmente a cuatro parques eólicos ubicados en Olavarría, que en conjunto suman 82 aerogeneradores.
Entre ellos figura el Parque Eólico Cementos Avellaneda, desarrollado por YPF Luz junto con la cementera del mismo nombre y equipado con nueve aerogeneradores. También quedará comprendido el Parque Eólico Olavarría, impulsado por PCR y ArcelorMittal Acindar, actualmente en construcción, que prevé una inversión de US$ 276 millones, contará con 30 aerogeneradores y forma parte del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La lista se completa con Vientos de Olavarría, operado por Ternium, con 22 equipos en funcionamiento, y La Rinconada, perteneciente a Tenaris, que dispone de 21 aerogeneradores.
El proyecto establece que el pago será obligatorio para todos los aerogeneradores instalados, independientemente de que se encuentren operativos. Además, las empresas deberán acreditar el cumplimiento de la tasa para obtener la renovación de la habilitación municipal.
La ordenanza justifica el cobro como contraprestación por los servicios de inspección, fiscalización, control y seguridad vinculados a cada aerogenerador. Al mismo tiempo, incorpora una cláusula de “previsibilidad tributaria” que impediría modificar el valor del tributo durante un plazo de diez años.
El vencimiento de la estabilidad fiscal reavivó las inquietudes del sector
La preocupación de las compañías no responde únicamente al monto previsto, sino también al contexto regulatorio. Desde el 1° de enero de 2026 dejó de estar vigente el régimen de estabilidad fiscal establecido por la Ley 27.191, que durante dos décadas protegió a los proyectos de energías renovables frente a la creación de nuevos tributos nacionales, provinciales y municipales.
Ese marco legal prohibía expresamente que las iniciativas alcanzadas por la norma fueran gravadas con impuestos específicos, cánones o regalías hasta fines de 2025. Sin embargo, la prórroga impulsada por el Poder Ejecutivo no logró ser aprobada por el Congreso, por lo que actualmente el sector quedó sin esa cobertura.
En la industria consideran que esta situación abre la puerta para que distintos municipios intenten avanzar con nuevas cargas impositivas. Incluso algunas fuentes interpretan que el momento elegido para presentar la ordenanza en Olavarría no es casual, ya que coincide con el período posterior al vencimiento de la protección fiscal.
Actualmente el Gobierno nacional impulsa un nuevo proyecto de ley que busca extender ese régimen hasta 2045. La iniciativa también incluye modificaciones vinculadas al esquema de Zona Fría, compensaciones para distribuidoras eléctricas y otros cambios en la normativa energética.
Un antecedente judicial y el temor a un efecto contagio
Las empresas también observan con atención el precedente de Puerto Madryn, donde en 2020 se creó un tributo similar conocido como “impuesto al viento”. En ese caso, la tasa representaba cerca del 5% de la facturación de los parques eólicos y fue suspendida por la Justicia Federal dos años más tarde tras una demanda presentada por el fabricante de aerogeneradores Nordex.
Más allá del desenlace que pueda tener el proyecto de Olavarría, el sector considera que la discusión excede el caso puntual del municipio bonaerense. La principal inquietud es que otras localidades con parques eólicos adopten mecanismos similares, generando un incremento de la carga tributaria sobre una actividad que en la última década movilizó inversiones superiores a los US$ 7.000 millones y permitió incorporar alrededor de 6.500 MW de potencia renovable al sistema eléctrico argentino.
