Estado y Empresas – Por Horacio Franco

Estado y Empresas – Por Horacio Franco

La experiencia histórica enseña que no se puede delegar totalmente en los particulares la facultad de decidir que está bien y qué está mal.

Si algo no está prohibido o restringido, la inercia se impone. Si es redituable, la actividad continúa, a veces con una fría indiferencia que, mirada en retrospectiva, termina por espantarnos. Eso sucedió con «negocios» privados como el tráfico de esclavos y, más recientemente, como la nafta con plomo, los CFCs, la cacería de ballenas, etc.

Lo anterior justifica la necesidad práctica y moral del Estado. Sin embargo, el Estado tampoco es per se garantía de bondad ni de acierto. Es el principal intérprete del interés público, pero no el único. Y muchas veces es el Estado quien actúa en contra del interés público. Ningún Estado, ninguna institución, es mejor que la sociedad a la que representa ni a las personas que lo hacen funcionar.

El Estado intentar llevar –con cuidado y solo en situaciones que lo justifiquen- a la sociedad y a las empresas hacia conductas más sanas. Es algo que debe ser hecho muy prudentemente, porque cuando el Estado se arroga el papel de “moralizador” de la sociedad, termina en una deriva autoritaria.

Para llevar estos pensamientos al día de hoy, pensemos en industrias controversiales, como el tabaco. Por disposición del Estado, los consumidores tienen toda la información disponible acerca de su nocividad. Con todo, muchos quieren –y exigen- seguir consumiéndolo, haciendo uso su libertad individual. 

Algo parecido sucede en Chile –y esto es novedoso a nivel global- con la comida chatarra. La legislación de ese país obliga a colocar etiquetado con sellos visibles y fáciles de entender a efectos de advertir el alto contenido de calorías, de grasas saturadas, de sodio y de azúcares. Y parece que funciona. Cerca de la mitad de la población dice utilizar el sistema de sellos para guiar su compra, y cerca del 80% ha disminuido la compra de los alimentos con muchos sellos. Solo un 20-25% de la población dice no utilizar los sellos, y eso también es un derecho, pero en términos generales los indicadores son buenos. Las empresas fabricantes se opusieron inicialmente a esas regulaciones, y sería extraño que hubieran reaccionado de otra manera, porque quienes las dirigen están obligados –también por ley- a representar el interés de sus accionistas.    

Lo anterior expone la necesidad del Estado como árbitro y regulador. Pero no de cualquier Estado.  No de un Estado que se ve a sí mismo como un “opuesto necesario” al sector privado. Hay cosas que el Estado puede hacer, y el sector privado no puede hacer. Por ejemplo, garantizar la paz interior y los derechos de los particulares, que sin su intervención se desplomarían. Pero también hay cosas que el sector privado puede hacer y el Estado no. Por ejemplo, conseguir las divisas que son indispensables para el sostenimiento de los derechos y la prosperidad social. Estado y empresas deben concebirse como actores que forman parte del mismo equipo. Que es el de todos.

Columna publicada en Gerencia Ambiental (edición marzo 2020) y en la sección  #LosExpertosDicen, de la web del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)