Impulsan una ley de transición energética para atraer inversiones y redefinir la matriz productiva
Una iniciativa elaborada por el sector privado busca establecer un marco regulatorio para acelerar la descarbonización en la Argentina. El proyecto apunta a captar financiamiento internacional, reducir costos estructurales y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas a la energía, la industria y las exportaciones.
La Cámara Argentina de Energías Renovables presentó una propuesta de Ley de Transición Energética orientada a transformar la matriz energética del país y avanzar en un proceso de descarbonización con impacto económico. La iniciativa no se limita a objetivos ambientales, sino que busca posicionarse como una herramienta para atraer inversiones y mejorar la competitividad.
El proyecto fue elaborado a partir de un proceso de discusión que incluyó a actores clave del sector productivo, como la Unión Industrial Argentina, entidades del agro, universidades y organismos técnicos como AGUEERA, ATEERA y Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.
El objetivo central es dotar al país de reglas claras y previsibles que permitan canalizar el flujo de capitales globales destinados a mitigar el cambio climático.
La transición como oportunidad económica
El enfoque del proyecto busca romper con la idea de que la transición energética implica un costo. Marcelo Álvarez, uno de los impulsores de la iniciativa, sostuvo: «Estamos trabajando en un proyecto de Ley de Transición Energética que entusiasma y que se presentará en breve a la clase política. Un marco lo suficientemente ambicioso y flexible para incorporar aquellos recursos, vectores y tecnologías que hoy no se conocen».
Desde el sector remarcan que la clave está en aprovechar el financiamiento internacional disponible. «Es un proyecto de ley que muestra una oportunidad de negocios. No se parte de una restricción climática, sino de cómo aprovechar el financiamiento verde internacional para la descarbonización», explicó Álvarez.
El sustento técnico incluye comparaciones de escenarios elaboradas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Según esos análisis, un esquema sin cambios estructurales implicaría costos por US$261.000 millones hacia 2050, con emisiones que duplicarían los niveles de 2019.
En contraste, un modelo basado en energías renovables permitiría un ahorro sistémico de US$31.000 millones y una reducción del 59% en las emisiones.
Impacto en empleo y desarrollo industrial
El proyecto también pone el foco en el mercado laboral. Mientras que un escenario centrado en el gas natural generaría unos 13.000 empleos hacia 2030 sin expansión posterior, el desarrollo de renovables presenta un perfil más dinámico.
«El escenario de renovables genera 139.000 puestos de trabajo sin cadena de valor local; 145.000 con cadena de valor local parcial», detalló Álvarez.
Estas cifras reflejan el potencial de la transición energética como motor de actividad industrial, especialmente si se promueve la producción local de componentes y tecnología.
Una ley modular y flexible
La estructura del proyecto está organizada en siete capítulos que pueden funcionar de manera independiente. Incluye ejes como hidrógeno verde, eficiencia energética, continuidad del régimen de renovables, tratamiento de hidrocarburos residuales, infraestructura y financiamiento.
«Tiene siete capítulos este proyecto de ley que son eventualmente capítulos independientes. El único que es transversal es el de financiamiento; todos los demás podrían ser leyes per sé», explicó el titular de CADER.
Uno de los puntos centrales es que la iniciativa no depende de recursos del Estado. «La buena noticia es que no necesitamos nada; necesitamos marco regulatorio y hoja de ruta. El financiamiento lo conseguimos desde el exterior; no necesitamos que el tesoro ponga un centavo», afirmó Álvarez.
Este enfoque busca atraer divisas sin comprometer el equilibrio fiscal, en un contexto de restricciones presupuestarias.
Convivencia con los hidrocarburos
El proyecto contempla la coexistencia con los recursos fósiles, en particular los desarrollos de Vaca Muerta. La estrategia apunta a descarbonizar el consumo interno mediante energías limpias, liberando hidrocarburos para exportación.
«La Argentina puede, entrando ahora con las renovables más baratas, usar el financiamiento internacional para descarbonizar su matriz y exportar todos los excedentes que tiene de fósiles», señaló Álvarez.
En ese esquema, el hidrógeno verde aparece como un vector clave para el desarrollo de nuevos mercados, incluyendo la producción de combustibles sintéticos y la inserción en cadenas globales con baja huella de carbono.
Incentivos e institucionalidad
El proyecto incorpora herramientas para promover inversiones de gran escala, como amortización acelerada, devolución anticipada de IVA y estabilidad fiscal. Estos instrumentos presentan similitudes con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, orientado a sectores estratégicos.
También se proponen mecanismos para garantizar la disponibilidad de divisas, fundamentales para proyectos intensivos en capital.
En el plano institucional, la iniciativa prevé la creación de un ente autárquico encargado de implementar la política energética y ajustar las metas en función de la evolución tecnológica.
Una ventana política para su aprobación
Desde el sector consideran que 2026 representa una oportunidad para avanzar con la iniciativa en el Congreso. «Esperamos que tome estado parlamentario y se apruebe eventualmente este año. Es un año ideal porque no hay elecciones; es un año donde se puede escuchar más», sostuvo Álvarez.
La estrategia apunta a llegar con consensos técnicos consolidados para facilitar el tratamiento legislativo y acelerar la implementación de un marco que, según sus impulsores, podría redefinir el perfil energético y productivo del país en las próximas décadas.
