El árbol: Una causa judicial involucra a la firma Petroquímica Bermúdez (antes denominada “Electroclor”), que explotaba una planta industrial situada en la localidad de Capitán Bermúdez, a cinco kilómetros de Rosario. Un escándalo judicial involucra a sus responsables y al ex jefe de los fiscales de Rosario de pactar el archivo de una causa en la que se investigaba la desaparición de ochocientos cincuenta tubos de gas cloro de una tonelada cada uno.
Como se sabe, el gas cloro es una sustancia de alta toxicidad y peligrosidad. La liberación a la atmósfera de tan solo uno de esos tambores provocaría la evacuación de las poblaciones de ciudades cercanas. Nadie sabe adónde fueron a parar esos tubos de gas cloro. Se sospecha que podrían haberse tirado al río Paraná o haberse enterrado.
Además del cloro gaseoso, se detectaron otras sustancias altamente tóxicas que contaminaron las napas freáticas por los escapes permanentes de residuos, como cloroformo, benceno, mercurio y lindano (conocido como Gammexane), un insecticida que se fabricó en ese predio.
No se sabe si las napas de los barrios vecinos están contaminadas con estas sustancias, altamente cancerígenas. La pendiente de las napas va hacia el barrio El Espinillo, con lo cual el peligro es que esas sustancias hayan penetrado en el área donde hay consumo de agua de la población.
En 1998, el grupo Tasselli adquirió la planta, que en 2013 quedó paralizada por un conflicto laboral. El grupo Tasselliarrastra una historia de pasivos ambientales en otros establecimientos cuya actividad fue discontinuadas, como Río Turbio, Altos Hornos Zapla y Agrinar, entre otros.
El bosque: Cada año, en Argentina se generan más de 17 millones de toneladas de residuos peligrosos y apenas el 21% recibe tratamiento. El resto se dispone directamente en basurales, cursos de agua o se entierra, según un estudio de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES).
“Los datos sobre residuos peligrosos parecieran ser el secreto mejor guardado del país. Nadie sabe a ciencia cierta la magnitud del problema y es por ello que decidimos comenzar a recopilar y analizar nuestra información para entender mejor la realidad sobre la que operamos”, afirma Claudia Kalinec, presidenta de CATRIES.
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) se encuentra actualmente investigando una denuncia contra varios tratadores de residuos peligrosos a los que se acusa de operar plantas de tratamiento que “incineran” sin incinerar.
¿Apenas 21% de los Residuos Peligrosos reciben tratamiento? Eso significaría el fracaso del camino iniciado en 1991 con la Ley Nac. de Residuos Peligrosos 24051.
Horacio Franco
Franco Abogados
