El Parlamento Europeo dio luz verde a la Directiva sobre debida diligencia corporativa
El Parlamento aprobó una nueva normativa que requiere que las empresas mitiguen su impacto negativo en los derechos humanos y el medio ambiente (CSDDD). Esta regulación se aplica a empresas de la UE y a matrices extranjeras con una facturación superior a 450 millones de euros.
Las empresas deben desarrollar un plan de transición alineado con el Acuerdo de París y serán responsables por cualquier daño, con la posibilidad de enfrentar multas por incumplimiento.
La Directiva sobre diligencia debida, aprobada por el Parlamento Europeo con 374 votos a favor, 235 en contra y 19 abstenciones, exige a las empresas y a sus socios en toda la cadena de suministro que eviten, detengan o reduzcan su impacto negativo en los derechos humanos y el medio ambiente. Esto incluye la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción del patrimonio natural.
Las normas se aplicarán a empresas y matrices con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 450 millones de euros. También abarcarán a empresas con acuerdos de franquicia o licencia en la UE, siempre que su facturación supere los 80 millones de euros, con al menos 22.5 millones provenientes de cánones.
Las empresas fuera de la UE y sus matrices, así como aquellas con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que cumplan estos umbrales de facturación, también estarán sujetas a estas reglas.
Estas empresas deberán integrar la diligencia debida en sus políticas, realizar inversiones necesarias, asegurar garantías contractuales con sus socios y mejorar sus planes de negocio para cumplir con las nuevas obligaciones. También deberán adoptar un plan de transición para alinear sus modelos de negocio con el límite de calentamiento global de 1.5 °C establecido en el Acuerdo de París.
Lara Wolters, eurodiputada (S&D, Países Bajos), comentó: “La votación de hoy es un hito para promover una conducta empresarial responsable y un avance significativo hacia el fin de la explotación de personas y del planeta por parte de las empresas”. Destacó que la ley es resultado de años de negociaciones y un compromiso intenso.
Los Estados miembros facilitarán información detallada sobre estas obligaciones a través de portales en línea y establecerán autoridades de control para investigar e imponer sanciones, que pueden incluir multas de hasta el 5% de la facturación mundial neta de las empresas. La Comisión establecerá una Red Europea de Autoridades de Control para fomentar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas, y las empresas serán responsables de indemnizar a las víctimas por los daños causados por su falta de diligencia.
Próximos pasos:
Ahora la Directiva debe ser aprobada formalmente por el Consejo, firmada por los colegisladores y publicada en el Diario Oficial de la UE. Entrará en vigor veinte días después. Los Estados miembros tendrán dos años para incorporar las nuevas normas a sus legislaciones nacionales.
La nueva normativa —salvo las obligaciones de comunicación— se aplicará gradualmente a las empresas de la UE y a las de fuera que alcancen los umbrales de facturación indicados en la Unión:
A partir de 2027 para las empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 1.500 millones de euros;
A partir de 2028 para las empresas con más de 3.000 empleados y un volumen de negocios global de 900 millones de euros o más;
A partir de 2029 para el resto de empresas incluidas aquellas con más de 1.000 empleados y un volumen mundial de negocios superior a 450 millones de euros.
