Bodega Malma consolidó un modelo de producción vitivinícola en el que el cuidado ambiental ocupa un lugar central desde el manejo de los viñedos hasta la elaboración de los vinos. Instalada en San Patricio del Chañar, Neuquén, la empresa trabaja sobre 127 hectáreas cultivadas con distintas variedades y busca aprovechar las condiciones particulares de la Patagonia con una gestión más eficiente de los recursos.

Fundada en 2004, la bodega produce principalmente Pinot Noir, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc y Chardonnay. La ubicación de los viñedos ofrece condiciones naturales favorables para la actividad, entre ellas suelos permeables, una marcada amplitud térmica, bajos niveles de precipitaciones y la presencia constante de los vientos patagónicos.

Ese entorno contribuye a mantener la sanidad de las plantas y favorece la obtención de uvas con concentración, color y un equilibrio adecuado entre acidez y azúcar. Pero, al mismo tiempo, las características climáticas de la región plantean uno de los principales desafíos para cualquier proyecto productivo: administrar de manera eficiente un recurso escaso como el agua.

El agua como eje de la producción

La estrategia ambiental de Bodega Malma comienza en el viñedo y tiene entre sus principales objetivos preservar la calidad del suelo, proteger los recursos hídricos y favorecer la biodiversidad. Para avanzar en ese camino, la empresa busca reducir la dependencia de insumos externos y ajustar las prácticas agrícolas a las condiciones del territorio.

El manejo del agua es uno de los puntos centrales. La bodega desarrolló un sistema de irrigación que utiliza agua de deshielo proveniente del río Neuquén y que cuenta con una infraestructura compuesta por un canal de 20 kilómetros, siete estaciones de bombeo y un sistema automatizado de riego por goteo.

Esta tecnología permite distribuir el agua de acuerdo con las necesidades específicas de los distintos sectores del viñedo. El objetivo es evitar consumos innecesarios y entregar a las plantas la cantidad requerida para cada etapa de crecimiento.

La herramienta adquiere particular relevancia en una zona donde las precipitaciones son escasas y el abastecimiento hídrico depende de una administración precisa. Para la bodega, la incorporación de tecnología al sistema de riego permite combinar productividad con un uso más racional del recurso.

Una estrategia que continúa dentro de la bodega

La gestión ambiental no se limita al trabajo agrícola. Una vez que la uva ingresa a la bodega, la empresa aplica criterios vinculados con la eficiencia energética, el tratamiento de los residuos, la trazabilidad y la mejora de los procesos de elaboración.

La intención es que la sustentabilidad atraviese las distintas etapas de la cadena productiva y no quede concentrada exclusivamente en el viñedo. En ese sentido, la compañía también trabaja en la identificación de oportunidades para reducir su impacto ambiental a partir de la medición de su huella de carbono.

Para llevar adelante ese proceso, Bodega Malma trabaja junto a Ecoqualis. El análisis busca cuantificar las emisiones asociadas con la actividad y detectar aquellos puntos en los que existen posibilidades concretas de reducción.

La estrategia se complementa con distintas certificaciones. La empresa cuenta con el sello Vitivinicultura Argentina Sostenible, impulsado por la Corporación Vitivinícola Argentina y el Consejo Federal de Inversiones, y con la certificación Bodegas de Argentina – Sustentabilidad Certificada.

A esto se suman la certificación vegana para parte de sus productos y la certificación orgánica de la línea Intemperie. Esta última implica controles sostenidos durante varios años tanto sobre los viñedos como durante el proceso de elaboración, con requisitos específicos para garantizar el cumplimiento de los estándares correspondientes.

Sustentabilidad y expansión internacional

La estrategia ambiental se desarrolla en paralelo con la expansión comercial de la bodega. Los vinos elaborados en San Patricio del Chañar actualmente tienen presencia en mercados internacionales como Estados Unidos, Reino Unido y Brasil.

Para la compañía, el vínculo con el territorio representa una parte fundamental de su propuesta. La Patagonia no funciona únicamente como ubicación geográfica de los viñedos, sino también como elemento de identidad de los productos que llegan al consumidor.

En ese contexto, la sustentabilidad aparece vinculada con una visión de largo plazo. La conservación de los recursos naturales, especialmente del agua y del suelo, adquiere importancia no solo por su impacto ambiental sino también por su relación directa con la continuidad de la producción.

La construcción enfrenta un desafío que obliga a cambiar el foco de la agenda ambiental: buena parte de los edificios que estarán en funcionamiento dentro de 25 años ya existe.

En las economías avanzadas, alrededor del 80% del parque edilicio previsto para 2050 está construido, por lo que reducir la huella ambiental del sector dependerá tanto de nuevas obras eficientes como de la transformación de las estructuras actuales.

La magnitud del problema se explica por dos tendencias que avanzan en paralelo. Mientras la superficie edificada mundial continúa creciendo y se proyecta que aumente 75% durante las próximas tres décadas, una parte significativa de las construcciones existentes seguirá en servicio durante los próximos años. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), aproximadamente dos tercios de la superficie edificada actual continuarán utilizándose en 2040.

Esto plantea una doble exigencia para la industria: responder a la demanda de nuevos espacios que genera el crecimiento urbano y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental de un parque edilicio que permanecerá activo durante décadas.

La renovación como herramienta para reducir emisiones

El desafío adquiere mayor dimensión cuando se observa el peso ambiental de la construcción. El sector de edificios y construcción genera cerca del 37% de las emisiones globales de CO₂ y representa aproximadamente la mitad de la extracción mundial de materiales, de acuerdo con los últimos datos difundidos por Naciones Unidas.

Por eso, la discusión sobre sostenibilidad comienza a exceder la eficiencia energética de los edificios terminados. El análisis incorpora cada vez más aquello que ocurre antes de que una construcción entre en funcionamiento: de dónde provienen los materiales, cómo se producen, cuánto demandan en términos de recursos y qué sucede con ellos cuando llega el final de su vida útil.

En este escenario, la renovación del parque existente gana relevancia. La IEA estima que en las economías avanzadas actualmente se renueva menos del 1% de los edificios por año. Para avanzar hacia los objetivos de descarbonización, esa tasa debería superar el 2% anual. La meta planteada por la agencia es que para 2030 cerca del 20% del parque existente haya alcanzado estándares compatibles con edificios de emisiones netas cero.

La ecuación también modifica las decisiones que deben tomar los desarrolladores. “Estos objetivos modifican también las decisiones de los desarrolladores. Ya no se trata solamente de preguntarse cuánto cuesta construir un edificio nuevo, sino qué conviene conservar, qué conviene renovar y qué soluciones permiten mejorar las prestaciones sin demoler y volver a construir desde cero. Y en ese proceso, medir el impacto ambiental de los materiales empieza a adquirir mayor relevancia”, destaca Maximiliano Sequeira, Responsable de Capacitaciones Técnicas en Mapei Tour.

Materiales bajo una nueva lupa

La búsqueda de menores emisiones también está impulsando cambios entre los fabricantes de materiales para la construcción. La sostenibilidad comienza a incorporarse como un criterio de innovación que atraviesa no solo las características técnicas de los productos, sino también su impacto durante todo el ciclo de vida.

En ese sentido, durante 2025 MAPEI adquirió compensaciones equivalentes a 430.000 toneladas de CO₂, un volumen comparable con aproximadamente 220 viajes alrededor del mundo en avión. Además, la compañía señala que sus productos se encuentran compensados durante todo su ciclo de vida.

La estrategia ambiental también alcanza a los envases utilizados en las obras. Entre las iniciativas implementadas se encuentra la recuperación de las bolsas de papel multicapa empleadas para contener materiales, con un circuito que contempla su recolección en puntos determinados, clasificación y posterior procesamiento.

El objetivo es reincorporar ese material al proceso productivo para fabricar papel reciclado que pueda utilizarse nuevamente en envases. De esta manera, la gestión ambiental se extiende más allá del producto y alcanza también los residuos generados durante la actividad.

Ariel Rodríguez, jefe de Innovación y Desarrollo de Benito Roggio Ambiental, está al frente de un equipo interdisciplinario que investiga alternativas para mejorar la gestión de residuos y encontrar nuevos usos para materiales que actualmente tienen poco o ningún valor económico.

El trabajo se desarrolla en el Centro de Innovación y Desarrollo que la compañía instaló en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a partir de un convenio que también contempla la interacción con grupos de investigación y estudiantes.

Desde allí, el equipo combina el soporte técnico a las operaciones de la empresa con líneas propias de investigación. En los últimos años trabajó sobre digestión anaeróbica, caracterización de residuos y aprovechamiento de distintas fracciones.

Actualmente, tres proyectos concentran buena parte de esa actividad: la producción de pellets a partir de residuos de poda, la producción de un sustrato orgánico para la cobertura del relleno sanitario a partir de residuos y la producción de biochar.

Pellets: convertir la poda urbana en energía

-¿Cuál es el primer proyecto que están desarrollando?

-Estamos evaluando la posibilidad de producir pellets para uso energético a partir de los restos de poda urbana.

Los pellets son una fuente de energía que tiene mucho desarrollo en Europa, especialmente para estufas y otros usos térmicos. Una condición importante es que deben producirse a partir de biomasa residual y no de bosques talados exclusivamente para ese fin.

Nosotros tenemos una corriente de residuos leñosos que proviene de la poda y que hoy tiene un valor muy bajo. El desafío es que es un material heterogéneo: llegan distintas especies de árboles, hojas, material verde y diferentes niveles de humedad según la época del año. También aparecen algunos impropios que en la planta tenemos que separar.

Estamos haciendo un año de caracterización para entender cómo cambia el material según la estación. Ya preparamos los primeros lotes y los resultados fueron buenos. El poder calorífico es bastante similar al de residuos de madera pura, aunque genera un determinado nivel de cenizas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires podría ser una alternativa para industrias con una demanda importante de combustible, como una cementera. En otras zonas del país, donde la red de gas tiene menor alcance, también podría convertirse en una fuente de energía accesible.

Recuperar los módulos cerrados del relleno

-¿Y cuál es el segundo proyecto?

-Tenemos una planta de tratamiento mecánico-biológico donde se separa la fracción orgánica de los residuos. Ese material atraviesa un proceso de bioestabilización, que se realiza en presencia de oxígeno y tiene principios similares al compostaje, aunque no buscamos producir compost.

Históricamente, ese material se utiliza para las coberturas intermedias de las celdas activas del relleno sanitario. Nosotros buscamos darle una etapa adicional de maduración avanzando durante unos meses en el proceso.

El objetivo es obtener un material que, sin llegar a ser compost, sea compatible con el crecimiento vegetal y tenga nutrientes más biodisponibles. Esto es muy útil cuando hacemos la cobertura final de los módulos porque necesitamos que la vegetación se desarrolle rápidamente.

Las raíces ayudan a evitar la erosión y la vegetación también permite retener agua. Esa agua que queda en la cobertura es agua que no filtra hacia los residuos y, por lo tanto, contribuye a reducir la generación de lixiviados.

La maduración nos llevó unos tres meses. Primero trabajamos con pequeñas cantidades y después llegamos a pilas de unos 800 metros cúbicos. Los resultados fueron muy buenos y ahora el conocimiento desarrollado se está transfiriendo a la operación.

Biochar: capturar carbono y generar nuevos usos

-El tercer proyecto es el biochar. ¿Qué están investigando?

-Venimos trabajando hace aproximadamente dos años en la producción de biochar. Es un material sólido, rico en carbono, que se obtiene mediante la pirólisis de biomasa residual.

La idea tiene una relación directa con el cambio climático. Las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera durante su crecimiento. Si después esa biomasa se transforma mediante pirólisis en un material carbonoso y ese carbono se mantiene almacenado, se puede retirar carbono del ciclo atmosférico.

La pirólisis es un tratamiento térmico realizado en ausencia de oxígeno. El material vegetal no se quema, sino que se transforma y pierde una parte de su masa, principalmente por la eliminación de agua y otros compuestos volátiles.

Nos enfocamos en los residuos de poda porque son una corriente abundante, tienen una composición bastante cercana a la madera y requieren soluciones de tratamiento. En el Área Metropolitana se generan más de 40.000 toneladas de residuos de poda por mes.

En nuestras pruebas, la pirólisis permitió reducir un 63% el peso del material inicial. Además, encontramos que de cada 100 gramos de biochar producido, aproximadamente 86 gramos corresponden a carbono fijado. El potencial es importante: según las referencias que manejamos, una tonelada de biochar puede retener entre dos y tres toneladas de dióxido de carbono.

-¿Qué usos puede tener ese material?

-La aplicación principal es agronómica. Por su estructura liviana y porosa, puede mejorar la aireación y la estructura de los suelos, reducir su compactación y favorecer el desarrollo de las raíces. También funciona como una especie de esponja: permite retener agua y liberarla progresivamente.

Otra posibilidad es utilizarlo como material de relleno en productos como concreto y asfalto. Hay estudios que analizan su incorporación en estos materiales y también existen experiencias de empresas que ya están evaluando mezclas con biochar.

Además, su estructura porosa permite capturar determinados contaminantes, por lo que podría tener aplicaciones como filtro o en procesos de tratamiento de agua.

-¿En qué etapa está hoy el proyecto de biochar?

-Estamos en una etapa de desarrollo y búsqueda de aplicaciones. El desafío es encontrar quién demande el material. El beneficio ambiental es importante, pero también tiene que existir un incentivo económico para que el biochar pueda producirse y mantenerse fuera del ciclo de emisiones.

Nuestro rol es encontrar soluciones para valorizar los residuos y generar conocimiento que permita tomar decisiones. Después necesitamos que exista una demanda, una regulación y voluntad de inversión, tanto del sector privado como del público.

Lo importante es que el residuo pueda pasar a ser considerado un recurso. No alcanza solamente con mejorar la separación en origen. Hay que desarrollar tecnologías, generar conocimiento, probar alternativas y construir nuevos mercados.

Ese es el objetivo del Centro: investigar, ensayar y poner esas soluciones a disposición para que puedan convertirse, cuando exista la demanda necesaria, en nuevos servicios y modelos de valorización.

El transporte pesado podría alcanzar un punto de inflexión económico a comienzos de la década de 2030, cuando los camiones eléctricos logren equiparar el costo total de propiedad de sus equivalentes diésel en los principales mercados internacionales. La proyección surge del informe Trucking’s Tipping Point, elaborado por Carbon Tracker, que identifica en la evolución de los costos uno de los principales motores de la transición.

La diferencia entre ambas tecnologías todavía es significativa al momento de la compra, pero la ecuación cambia cuando se incorpora toda la vida útil del vehículo. El menor consumo energético y los costos operativos más bajos permiten que los modelos eléctricos compensen progresivamente el desembolso inicial, especialmente en operaciones que requieren elevados niveles de utilización y recorren grandes distancias.

La economía de uso gana protagonismo

Carbon Tracker sostiene que el ritmo de adopción de los camiones eléctricos no estará determinado exclusivamente por las regulaciones ambientales. La rentabilidad de las operaciones será un factor decisivo para que las empresas de transporte incorporen nuevas unidades.

Para elaborar sus proyecciones, el organismo utilizó el modelo Future Technology Transformations de la Universidad de Exeter, combinado con información propia sobre costos, evolución de los mercados y capacidad industrial.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) también observa una evolución favorable para la tecnología. Según sus estimaciones, un camión eléctrico pesado puede tener actualmente un precio de compra entre dos y tres veces superior al de un modelo diésel. Sin embargo, su eficiencia energética modifica la comparación cuando se analiza el costo de utilización.

Un vehículo pesado eléctrico consume aproximadamente 55% menos energía que uno equivalente con motor diésel. En Europa, bajo los precios energéticos contemplados por la AIE, esa ventaja puede traducirse en un costo directo de operación cercano a un tercio inferior.

La AIE proyecta que los camiones eléctricos de larga distancia podrían alcanzar la paridad de TCO con los diésel en Europa alrededor de 2030. En determinadas aplicaciones de China, esa situación ya comenzó a producirse.

China acelera la transformación

El mercado chino aparece como el principal caso de referencia para medir lo que puede ocurrir una vez que la tecnología alcanza condiciones competitivas. De acuerdo con los datos analizados por Carbon Tracker, los camiones eléctricos pesados pasaron de representar cerca del 1% de las ventas en 2021 a superar el 30% en 2025.

Los datos de la AIE muestran también la magnitud de la expansión. Las ventas globales de camiones eléctricos se duplicaron durante 2025 y llegaron al 9% del mercado total. China explicó buena parte de ese crecimiento y alcanzó una participación cercana al 25% en sus ventas de camiones.

La escala alcanzada por la industria china permitió reducir los costos de las baterías y ampliar rápidamente la oferta disponible. El país también avanza con alternativas que todavía tienen menor presencia en Europa, como el intercambio de baterías, que concentró alrededor del 15% de las ventas de camiones eléctricos chinos durante 2025.

Carbon Tracker advierte que esta ventaja industrial puede extenderse hacia otros mercados. La reducción de costos y la experiencia acumulada por los fabricantes chinos podría incrementar la competencia internacional para grupos como Daimler Truck, Volvo, Traton e Iveco.

Europa avanza con regulación e infraestructura

El escenario europeo muestra una transición más lenta. Durante 2025 se matricularon cerca de 17.000 camiones eléctricos, un incremento del 40% interanual, aunque la tecnología todavía representó alrededor del 3% del mercado total. En el segmento de vehículos pesados, la participación fue cercana al 1,5%.

El ritmo comenzó a acelerarse después de la entrada en vigor, en julio de 2025, del primer objetivo europeo de emisiones de CO2 para camiones. Transport & Environment estima que los eléctricos alcanzaron desde entonces una participación del 5,6%, frente al 3,5% registrado durante los doce meses anteriores.

Algunos mercados muestran una adopción considerablemente mayor. Países Bajos, Noruega, Suecia y Dinamarca llegaron a cuotas de entre 16% y 18%, según los datos relevados por la organización.

La normativa comunitaria continuará ejerciendo presión sobre los fabricantes. La Unión Europea estableció reducciones de las emisiones promedio de CO2 de los nuevos vehículos pesados del 45% para 2030, del 65% para 2035 y del 90% para 2040, tomando como referencia los niveles de 2019.

El otro desafío está en la infraestructura. La AIE contabiliza más de 1.000 puntos de recarga específicos para camiones eléctricos en la Unión Europea, pero la expansión del transporte de larga distancia demandará una red mucho más amplia. En ese escenario, la evolución de los costos, la disponibilidad de baterías y la infraestructura de carga serán determinantes para definir cuándo la electrificación dejará de ser una alternativa de nicho y pasará a competir de manera directa con el diésel.

El crecimiento de Vaca Muerta convirtió al agua en uno de los recursos que deberán ser gestionados con mayor eficiencia durante la expansión de la actividad. Un informe técnico elaborado por Roberto Lino Blanco advierte que el volumen utilizado en las fracturas hidráulicas alcanzó una escala que vuelve necesario avanzar hacia esquemas de reutilización, circuitos cerrados y una planificación más eficiente de la infraestructura.

El cambio responde a una combinación de factores: el aumento sostenido de las etapas de fractura, las condiciones de sequía que atraviesan algunas de las principales cuencas de la región y el incremento del costo asociado a la captación. En este escenario, el agua dejó de ser considerada solamente como un insumo disponible para convertirse también en una variable operativa, ambiental y logística.

Más actividad, mayor demanda hídrica

La magnitud del consumo está directamente relacionada con la intensidad del desarrollo no convencional. El fluido utilizado durante la estimulación hidráulica está compuesto aproximadamente por un 98% de agua, además de arenas y aditivos químicos.

Para un pozo horizontal de Vaca Muerta, el informe toma como referencia un consumo cercano a los 40.000 metros cúbicos, aunque el volumen puede variar según el diseño y la cantidad de etapas. A escala de la formación, el incremento de la actividad llevó las estimaciones de consumo desde unos 2,1 millones de metros cúbicos en 2016 hasta cerca de 29,9 millones en 2025.

Para 2026, el documento proyecta más de 28.000 etapas de fractura y un consumo aproximado de 35 millones de metros cúbicos. El acumulado durante el período 2016-2026 superaría los 125 millones de metros cúbicos.

Las cifras son estimaciones construidas a partir de la cantidad de etapas y un consumo promedio por operación, debido a que actualmente no existe un registro público oficial y desagregado que permita conocer cuánto agua capta cada fractura.

El problema también está en mover el recurso

Uno de los principales desafíos no está solamente en la cantidad de agua utilizada, sino en la infraestructura necesaria para trasladarla. La actividad requiere captar el recurso, transportarlo hasta los bloques, almacenarlo y gestionar posteriormente el agua de retorno y de producción.

En las referencias utilizadas por el informe, el transporte representa alrededor del 43% de los costos asociados a la gestión del agua. Para dimensionar la escala logística, un solo pozo puede demandar alrededor de 600 viajes de camión vinculados con el abastecimiento hídrico.

“El costo del agua no está en el agua. Está en moverla”, sostiene Blanco. La afirmación resume uno de los principales argumentos a favor de reducir las distancias recorridas y avanzar hacia sistemas de conducción que permitan reemplazar progresivamente parte del transporte por camiones.

La construcción de infraestructura permanente comienza a responder a esa necesidad. Entre las iniciativas mencionadas aparecen redes de acueductos y sistemas de abastecimiento destinados a distintos proyectos industriales y energéticos de la cuenca.

Reutilizar para reducir la presión sobre las fuentes

En este contexto, el reúso aparece como una de las principales herramientas para mejorar la gestión hídrica. Algunas operadoras ya trabajan con agua de retorno y de producción tratada para reincorporarla a nuevas etapas de fractura, reduciendo la necesidad de realizar nuevas captaciones.

La ventaja es doble: se utiliza nuevamente un recurso que ya se encuentra dentro del área productiva y, al mismo tiempo, se reducen los recorridos necesarios para abastecer los sets de fractura.

El informe señala que las experiencias existentes muestran que es posible incorporar porcentajes de agua de retorno al fluido de fractura sin afectar el rendimiento de los pozos. El objetivo, por lo tanto, no sería alcanzar una autosuficiencia hídrica total, sino incrementar progresivamente la proporción de agua reutilizada.

Esa estrategia también puede reducir los costos asociados al recurso. Cada metro cúbico recuperado y reutilizado permite evitar una nueva captación y, en determinados esquemas, también disminuir los gastos de transporte y disposición.

“Transportar agua cincuenta kilómetros penaliza el presupuesto dos veces: una en el surtidor y otra en el canon”, plantea el documento, en referencia al impacto que tienen simultáneamente el traslado y el costo de captación.

Un cambio hacia un sistema más circular

La comparación con otras regiones productoras, particularmente el Permian estadounidense, muestra que el reúso puede crecer rápidamente cuando las restricciones ambientales y operativas hacen más difícil disponer del agua producida. En esa cuenca, la proporción de agua reciclada utilizada en completaciones aumentó significativamente durante los últimos años.

Para Vaca Muerta, el escenario es diferente. La formación presenta una relación agua-petróleo más favorable y todavía cuenta con alternativas para la disposición del agua producida. Sin embargo, el crecimiento de la producción plantea la necesidad de anticiparse a futuras restricciones y evitar que el incremento de la actividad se traduzca automáticamente en una mayor presión sobre las fuentes hídricas.

“El reúso es una palanca de eficiencia, no una solución de suficiencia”, plantea Blanco. Por eso, el informe propone complementar la reutilización con medición, balances hídricos por bloque, reducción de distancias de transporte y una mayor coordinación de la infraestructura.

EXAR presentó su octavo Informe de Sostenibilidad, correspondiente a 2025, con un balance que combina el crecimiento de su operación de litio con avances en gestión ambiental, desarrollo territorial, empleo y transparencia. Durante el período, la compañía produjo 34.074 toneladas de carbonato de litio, un 34% más que en 2024, y consolidó su posición como principal productora argentina del mineral.

El reporte plantea una mirada integral sobre el desempeño de la empresa y reúne indicadores económicos, sociales, ambientales y de gobernanza. En ese marco, uno de los principales desafíos fue acompañar el aumento de la escala productiva con una utilización más eficiente de los recursos y una mayor articulación con las comunidades y proveedores de la provincia de Jujuy.

Menor intensidad en el uso del agua

Entre los indicadores ambientales incluidos en el informe se destaca la reducción del 26% en la intensidad de uso de agua salobre destinada a actividades industriales. La compañía también informó que logró recircular el 45% del agua utilizada en sus procesos.

El desempeño energético fue otro de los ejes del período. El 90% de la energía adquirida durante 2025 provino de fuentes renovables, mientras que la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero se redujo 26%.

Estos resultados forman parte de un modelo que busca vincular el incremento de la producción con una gestión más eficiente de los recursos. Para EXAR, la mejora continua y la innovación constituyen herramientas para avanzar hacia una actividad minera con mayores estándares ambientales.

“Los resultados alcanzados durante 2025 reflejan que es posible seguir creciendo y, al mismo tiempo, profundizar una gestión responsable, con una mirada de largo plazo sobre el ambiente, las comunidades y el desarrollo de Jujuy”, afirmó Simón Perez Alsina, presidente de EXAR.

Desarrollo local como parte de la estrategia

El impacto de la operación también fue medido desde una perspectiva social y económica. Durante el año, EXAR sostuvo 1.800 empleos directos e indirectos, con una fuerte participación de trabajadores de la provincia: el 77% corresponde a personas de Jujuy.

El vínculo con las comunidades indígenas también ocupa un lugar relevante dentro de los indicadores laborales. El 31% de los colaboradores pertenece a comunidades indígenas, mientras que la participación femenina llegó al 17%.

En paralelo, la compañía trabajó con 643 proveedores activos, de los cuales el 95% fueron argentinos. Dentro de Jujuy, la red alcanzó 172 proveedores e incluyó a 50 empresas comunitarias, fortaleciendo la participación de actores locales en la cadena de valor.

En materia de desarrollo comunitario, durante 2025 se financiaron 25 iniciativas cocreadas con las comunidades, con una inversión de USD 130.000. Además, 51 representantes comunitarios participaron en programas de formación en liderazgo y mentoría desarrollados junto al Consejo Federal de Inversiones y la Secretaría de Minería de Jujuy.

Seguridad y transparencia

La gestión responsable también incluyó objetivos vinculados con las condiciones de trabajo. EXAR no registró fatalidades durante 2025 y redujo 4% su índice de incidentes registrables. A su vez, alcanzó 604 días sin incidentes de alta gravedad, con más de 2,1 millones de horas trabajadas bajo esa condición.

La compañía también avanzó en mecanismos destinados a fortalecer la transparencia de su operación. Durante el período mantuvo las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 y realizó su primera auditoría bajo el estándar Responsible Minerals Assurance Process (RMAP).

A esto se sumó la adhesión a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y la presentación de estados financieros auditados. El Informe de Sostenibilidad fue elaborado, además, siguiendo los Estándares GRI, los criterios SASB para la industria minera y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Nuestro desafío es continuar produciendo carbonato de litio argentino de manera eficiente y sostenible, generando oportunidades en el territorio y contribuyendo, desde Jujuy, a una industria cada vez más relevante para la transición energética global”, agregó.

Con este conjunto de indicadores, EXAR busca mostrar que la expansión de la producción de litio puede avanzar en paralelo con objetivos de eficiencia ambiental, generación de empleo, desarrollo de proveedores locales y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia. El reporte funciona así como una herramienta para medir la evolución de esos compromisos y establecer nuevas metas para los próximos períodos.

Para acceder al reporte completo, ingresá acá

Andreani avanza con la incorporación de 20 bitrenes a su flota destinada al transporte de larga distancia, en una iniciativa que demandó una inversión inicial de US$ 2 millones. El objetivo es aumentar la productividad de los viajes y acompañar el crecimiento de los volúmenes movilizados mediante configuraciones con una mayor capacidad de carga.

De las 20 unidades previstas, 11 ya se encuentran operativas, mientras que las nueve restantes serán sumadas de manera gradual. La implementación forma parte de un programa más amplio que la compañía lleva adelante para optimizar sus operaciones de transporte a nivel nacional.

Más carga en cada recorrido

Una de las principales ventajas operativas de los bitrenes es la posibilidad de incrementar hasta un 60% la capacidad de transporte en cada viaje frente a las configuraciones tradicionales. Esto permite movilizar una mayor cantidad de mercadería sin necesidad de incrementar en la misma proporción la cantidad de recorridos.

La estrategia apunta, de esta manera, a mejorar el aprovechamiento de los recursos destinados al transporte de larga distancia. Para una empresa logística, aumentar la carga trasladada por viaje puede generar mejoras tanto en la productividad de las unidades como en la planificación de las rutas y en la utilización de los recursos asociados a cada operación.

El nuevo esquema también busca responder a una demanda creciente de las cadenas de abastecimiento, que requieren mayor capacidad de transporte y previsibilidad para sostener sus operaciones.

“La incorporación de bitrenes forma parte de nuestra visión de impulsar una logística cada vez más eficiente a través de la innovación y la tecnología. En un contexto en el que las cadenas de abastecimiento demandan mayor capacidad, previsibilidad y sustentabilidad, continuamos incorporando soluciones que permiten optimizar recursos, mejorar la productividad de la operación y reducir su impacto ambiental”, señaló Enrique Gil, director de Operaciones de Andreani.

Una inversión para la operación nacional

La llegada de los bitrenes se inscribe en una estrategia de largo plazo enfocada en el transporte de larga distancia. La inversión inicial de US$ 2 millones está destinada a una tecnología que permite modificar la relación entre volumen transportado y cantidad de viajes necesarios.

El esquema adquiere especial importancia para una compañía que opera una extensa red logística y debe atender flujos de carga entre distintos puntos del país. En ese contexto, disponer de unidades con mayor capacidad permite ajustar la operación a las necesidades de cada corredor y mejorar el rendimiento de los recorridos.

La incorporación progresiva de las unidades permitirá ampliar el alcance de esta modalidad a medida que los nuevos vehículos se integren a la planificación habitual de la empresa.

Menos kilómetros para transportar el mismo volumen

Además del incremento de capacidad, Andreani vincula el uso de bitrenes con una reducción de los kilómetros necesarios para transportar un mismo volumen de mercadería. La lógica es que, al concentrar una mayor cantidad de carga en cada recorrido, disminuye la necesidad de realizar viajes adicionales.

Ese efecto puede traducirse en un uso más eficiente de los recursos involucrados en la actividad y, al mismo tiempo, contribuir a reducir el impacto ambiental asociado al transporte de larga distancia.

La incorporación de estas unidades forma parte así de una estrategia que busca combinar productividad y sustentabilidad sin separar ambos objetivos. La eficiencia en el uso de los vehículos, la capacidad de carga y la planificación de los recorridos se convierten en herramientas para mejorar el desempeño de la operación.

Holcim Argentina presentó un nuevo diseño para las bolsas de sus cementos, una modificación orientada principalmente a simplificar la identificación de cada producto durante las tareas de distribución, almacenamiento y utilización en obra. La nueva imagen comenzó a implementarse en Mendoza y Buenos Aires y desde septiembre avanzará progresivamente hacia los puntos de venta del resto del país.

Durante el período de transición, ambas versiones del packaging estarán disponibles en el mercado hasta que se termine el stock correspondiente al diseño anterior. Desde la empresa remarcaron que la modificación no implica cambios en las características de los productos: se mantienen tanto las fórmulas como las presentaciones, la calidad y las especificaciones técnicas.

Una identificación más simple en obra

Uno de los principales cambios está en la incorporación de colores diferenciados en los laterales de las bolsas. El objetivo es generar referencias visuales que permitan reconocer con mayor rapidez cada producto en los procesos de despacho, traslado y almacenamiento, especialmente en contextos de obra donde intervienen distintos materiales.

El nuevo diseño incorpora además un código QR que permite acceder a contenidos e información digital vinculados con los productos. Entre los recursos disponibles se encuentran herramientas compatibles con tecnología BIM (Building Information Modeling), utilizada para gestionar información y modelos digitales asociados a proyectos de construcción.

La iniciativa surgió a partir de una necesidad detectada por la compañía entre sus clientes, vinculada con la identificación de los materiales en los lugares de trabajo.

“Este proyecto nació para responder a una necesidad real de los clientes: identificar visualmente cada producto en obra. Con este desarrollo práctico, evolucionamos y estandarizamos su diseño, reforzando nuestro compromiso con las soluciones de construcción sostenible”, explicó Paula Piccat, gerente de Creación de Valor y Estrategia de Holcim Argentina.

Dos cementos que reducen emisiones

El cambio de imagen comenzó con dos productos de la línea de construcción sostenible de la compañía: Fuerte ECOPlanet y Maestro ECOPlanet.

Fuerte ECOPlanet está destinado a aplicaciones generales, principalmente en estructuras de hormigón y morteros. Maestro ECOPlanet, en tanto, es un cemento de albañilería orientado a trabajos de mampostería, revoques, carpetas y contrapisos.

De acuerdo con Holcim, ambos productos permiten reducir hasta un 50% las emisiones de dióxido de carbono en comparación con cementos convencionales, sin modificar los niveles de resistencia y desempeño previstos para cada aplicación.

La reducción de la huella de carbono constituye uno de los principales atributos ambientales asociados a esta línea de productos. Además, según la compañía, su utilización puede contribuir a proyectos que buscan obtener certificaciones ambientales reconocidas internacionalmente, entre ellas LEED®, BREEAM® y HQE®.

Estas herramientas de certificación permiten evaluar distintos aspectos vinculados con el desempeño ambiental de edificios e infraestructuras, por lo que el uso de materiales con menor impacto puede formar parte de las estrategias adoptadas para alcanzar determinados estándares.

Menos tintas y continuidad del papel

El rediseño no se limita a una cuestión estética o funcional. Holcim también incorporó criterios ambientales en la concepción de la nueva bolsa, con una reducción en la cantidad de tintas utilizadas para su impresión.

El papel continúa siendo el material principal del envase, en línea con la estrategia global de la compañía para disminuir el impacto ambiental asociado a sus soluciones de packaging.

De esta manera, la renovación combina tres objetivos diferentes: facilitar el reconocimiento de los productos, incorporar herramientas digitales y avanzar en criterios de diseño con menor impacto ambiental.

MODO obtuvo la certificación como Empresa B, un reconocimiento internacional otorgado por B Lab y Sistema B Argentina a compañías que incorporan criterios sociales, ambientales y económicos en su gestión.

La evaluación validó el desempeño de la fintech en distintas áreas de su operación y formalizó un modelo de negocios que busca combinar la expansión de los pagos digitales con objetivos de inclusión, seguridad y sostenibilidad.

La certificación no se limita a una declaración de principios. Para acceder al estándar, las compañías deben atravesar un proceso de evaluación que contempla cinco dimensiones: gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad y ambiente.

En el caso de MODO, el proceso también incluyó la revisión de prácticas vinculadas con la protección de los usuarios, la prevención del fraude y la accesibilidad de sus servicios.

Un estándar que atraviesa la gestión

El reconocimiento, según explicó la compañía, refuerza el propósito con el que fue creada: conectar el dinero con el mundo de las personas y simplificar las operaciones cotidianas.

“Certificar como Empresa B vuelve tangible algo que ya guiaba cada una de nuestras decisiones: usar la tecnología para acercar el sistema financiero a más personas, de manera simple y segura. Nos llena de orgullo y reafirma nuestra visión de MODO como un vehículo fundamental del ecosistema de pagos argentino para la inclusión financiera”, explicó Rafael Soto, CEO de MODO.

Desde Sistema B Argentina destacaron que la incorporación de MODO adquiere relevancia por su alcance dentro del sistema financiero y por la posibilidad de trasladar prácticas de sostenibilidad a una industria con millones de usuarios.

“Le damos la bienvenida a MODO a la comunidad argentina de Empresas B. Con este hito, la compañía demuestra su compromiso con un modelo de negocio que mide y gestiona su impacto social y ambiental, da el ejemplo a un sector financiero que empieza a integrar la sostenibilidad como parte central de su estrategia, y asume la responsabilidad de sostener y mejorar esos estándares en el tiempo. Su herramienta es usada por millones de usuarios, una gran oportunidad para que muchas más personas conozcan el Movimiento B: compañías que asumen un propósito más allá del lucro y generan valor para las personas y el planeta”, dijo Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina.

Inclusión y seguridad como ejes

Uno de los aspectos analizados durante la certificación fue la seguridad de las operaciones digitales. MODO debió acreditar las herramientas que utiliza para proteger los datos de sus usuarios, incluyendo políticas de privacidad, auditorías internas y ejercicios destinados a evaluar su capacidad de respuesta frente a eventuales ataques informáticos.

La prevención del fraude y la inclusión financiera también forman parte del desarrollo de los productos. La compañía incorporó estos criterios desde el diseño de nuevas funcionalidades, con el objetivo de ampliar el acceso a los medios de pago digitales sin resignar condiciones de seguridad.

En paralelo, MODO desarrolla junto con bancos del ecosistema capacitaciones abiertas sobre el uso seguro de billeteras virtuales. La iniciativa apunta especialmente a quienes necesitan mayor acompañamiento para incorporar herramientas digitales a sus operaciones cotidianas.

“Esta certificación reafirma el compromiso de MODO con la medición y gestión de su impacto social. En este marco, la concientización en prevención de fraude y seguridad es clave para brindar herramientas a todas las personas, con foco especial en los adultos mayores, para avanzar hacia una verdadera inclusión financiera”, amplió Martina Pailhé, People Director de MODO.

Educación, ambiente y comunidad

La estrategia de sostenibilidad de MODO se estructura en cuatro líneas principales. Una de ellas apunta a garantizar la simpleza y accesibilidad de la plataforma, tanto desde la aplicación propia como mediante las aplicaciones de las entidades bancarias.

La educación financiera constituye otro de los pilares. A través de las Capacitaciones del Billetera, la compañía alcanzó a 32.050 personas, incorporando una perspectiva que contempla diferencias etarias y geográficas.

El tercer eje está relacionado con el impacto sobre la comunidad. MODO habilita donaciones desde su plataforma y trabaja en la medición de indicadores ambientales. Durante el último año, se canalizaron AR$55.718.000 mediante la fintech.

La cuarta dimensión corresponde a transparencia y seguridad. Además de las acciones de capacitación en protección de datos y ciberseguridad, durante el último año se realizaron 11 encuentros presenciales sobre prevención de fraude junto con bancos del ecosistema, con un alcance de 344 personas.

El uso extendido de los pagos digitales también genera un impacto ambiental asociado a la menor utilización de efectivo y de tarjetas físicas, al reducir parte de los recursos necesarios para su producción, traslado y circulación.

La certificación incorpora a MODO a una red internacional integrada por más de 11.000 Empresas B de 163 industrias en 102 países, que en conjunto emplean a más de un millón de personas. Las compañías que forman parte del movimiento adhieren además a la “Declaración de Interdependencia”, que plantea utilizar la actividad empresarial como una herramienta para generar valor para las personas y el planeta.

El derecho de los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales a ser escuchados antes de la ejecución de proyectos que los afecten ha cobrado una centralidad creciente en la autorización ambiental durante la última década. Sin embargo, la promulgación de la nueva Ley General de Autorización Ambiental en Brasil reavivó la disputa sobre cuándo y para quién esta consulta es obligatoria.

El relevamiento interno de la consultora CRNBio Ambiental y Arqueologia identificó un salto en las menciones a la Consulta Previa, Libre e Informada en bases técnicas, jurídicas e institucionales de la autorización ambiental brasileña, con una ampliación estimada de entre 150 y 250 registros en 2020 hasta 3.500 en 2025. El tema, antes asociado casi exclusivamente a grandes obras en tierras indígenas, hoy atraviesa emprendimientos de minería, energía eólica, transmisión e infraestructura lineal en todo el país.

Un derecho, no una formalidad

La base normativa de la Consulta Libre, Previa e Informada es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, internalizado en Brasil en 2004. Según el Convenio, la consulta a los pueblos indígenas y tribales debe realizarse mediante procedimientos apropiados, de buena fe, a través de sus instituciones representativas, con participación efectiva a lo largo de todas las etapas de la medida que los afecta, no bastando una reunión meramente informativa.

En el ámbito interno, el derecho se apoya en el artículo 231 de la Constitución de la República Federativa del Brasil, que reconoce la organización social y los derechos territoriales indígenas.

El Decreto n.º 6.040/2007 amplía el universo de titulares al definir de forma amplia a los pueblos y comunidades tradicionales, incluyendo pescadores artesanales, ribereños, extractivistas, pueblos de terreiro y otros grupos con vínculo territorial e identitario propio, como los pueblos quilombolas.

Los órganos de control ya han pacificado un punto sensible al establecer que la audiencia pública no sustituye a la consulta. El Ministerio Público Federal consolidó este entendimiento en 2018, y la propia OIT reafirma que los encuentros meramente informativos no satisfacen el estándar convencional.

La diferencia es estructural, ya que la audiencia pública es abierta y genérica, orientada a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, mientras que la consulta exige representatividad comunitaria, lenguaje accesible, tiempo adecuado de deliberación y una posibilidad real de influir en la decisión administrativa.

Cuándo se exige la consulta

En la autorización a nivel federal, la Ordenanza Interministerial n.º 60/2015 organiza la interfaz entre el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y órganos como la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI).

Para el componente indígena, la Instrucción Normativa FUNAI n.º 2/2015 prevé un término de referencia específico, un estudio del componente indígena y la audiencia de las comunidades antes del dictamen final.

En la práctica, la exigencia se materializa siempre que un emprendimiento pueda afectar directa o indirectamente las tierras, economías, religiosidad o modos de vida de estos grupos. Se trata de un criterio reforzado por el Supremo Tribunal Federal al validar la protección territorial indígena con independencia de la homologación de la delimitación de la tierra.

Casos recientes ilustran el peso de esta exigencia, como la decisión del Tribunal Regional Federal de la 1.ª Región que mantuvo, en 2025, la suspensión de la instalación de proyectos mineros hasta la comprobación de la consulta a indígenas y comunidades tradicionales, en convergencia con una determinación del IBAMA, que también ya condicionó la renovación de la licencia de operación de grandes hidroeléctricas a la finalización de procesos consultivos pendientes.

Los obstáculos en la práctica

A pesar del marco normativo, Brasil aún no cuenta con un término de referencia nacional único para conducir la consulta en la autorización ambiental. El sistema está fragmentado entre normas de la Funai y experiencias estatales aisladas.

Esta dispersión genera problemas recurrentes, ya que las consultas son tratadas como una reunión puntual o una audiencia pública “reforzada”.

Asimismo, también es importante considerar el desafío del reconocimiento tardío de la necesidad de consulta, cuando el EIA/RIMA (Estudio de Impacto Ambiental / Informe de Impacto Ambiental) ya se encuentra avanzado.

Qué cambia con la nueva ley general de autorización ambiental brasileña

Sancionada en agosto de 2025, la Ley n.º 15.190/2025 (conocida como la Ley General de Autorización Ambiental) buscó unificar reglas hoy dispersas en normas federales, estatales y municipales, creando modalidades como la Licencia Ambiental Especial, para proyectos estratégicos, y la Licencia por Adhesión y Compromiso, de trámite simplificado.

La Presidencia de la República vetó 63 disposiciones por presunto riesgo a garantías constitucionales y a los derechos de los pueblos tradicionales, pero el Congreso revocó 52 de esos vetos en noviembre, días después de la COP30.

Con ello, los artículos 43 y 44 de la ley pasaron a restringir la manifestación obligatoria de la Funai a las tierras indígenas con demarcación homologada, dejando fuera, según un relevamiento de la Funai, cerca del 40% de las tierras indígenas reconocidas en el país que aún carecen de homologación.

El cambio ya es impugnado ante el Supremo Tribunal Federal, que recibió tres Acciones Directas de Inconstitucionalidad contra la nueva ley entre diciembre y enero, bajo la relatoría del ministro Alexandre de Moraes.

Para la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, el nuevo texto debilita justamente el derecho de consulta que la propia Constitución y el Convenio 169 buscan proteger.

“Consideramos que es un plazo muy reducido para la realización de cualquier consulta libre, previa e informada”, afirma Ricardo Terena, coordinador jurídico de la Apib, sobre los nuevos plazos de la autorización ambiental.

Vigente desde febrero de 2026, la nueva ley aún depende de la definición del STF sobre puntos centrales de la consulta a los pueblos tradicionales. Hasta entonces, emprendedores, órganos autorizadores y comunidades siguen operando en un escenario de incertidumbre normativa, en el que la distancia entre el derecho formalmente reconocido y su aplicación efectiva sigue siendo uno de los mayores desafíos de la autorización ambiental brasileña.

Por Pedro Moreira

Abogado de Derecho Ambiental y supervisor jurídico en Porto Miranda Rocha Advogados, en Brasil. Profesor de Derecho Ambiental e Indigenista. Doctorando en Administración y Magíster en Derecho Ambiental y Sostenibilidad. Posgraduado en Derecho Constitucional y valoración del daño ambiental. Investigador del Núcleo de Ética y Gestión Social y del Programa Saberes e Innovación para la Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais.