Sin embargo, pese al fuerte mandato constitucional y el conjunto de normas sancionadas tendientes a la protección de este de-recho, tanto a nivel federal como provincial, persiste un elevado nivel de incumplimiento, lo cual evidencia que lo ambiental no forma parte de lo que se denomina la agenda pública. Más allá de toda opinión, esto se ve reflejado en el presupues-to nacional, en donde las partidas compatibles con el cuidado ambiental representan el 0,5% de los gastos presupuestados, mientras que aquellas destinadas a financiar a las actividades que producen un significativo impacto en el ambiente alcanzan al 8,2%. Un ejemplo de ello puede observarse en el sector ener-gético en donde por cada $1 asignado a energías renovables, se asignan $184 para la generación de energías fósiles, monto que se triplicó desde el 2019. (FARN 2021).