Y así como el agua constituye un bien de dominio público, al Estado le compete el deber inalienable de su gestión, es decir, la regulación de su uso o aprovechamiento, en función del interés público. Hoy, el cuadro de situación marca que la disponibilidad del recurso, lejos de ser uniforme, combina regiones con dificultades importantes para el acceso de las comunidades al bien –situación que se ve agravada por la existencia de otros de factores de riesgo asociados- y otras, en donde abunda. A su vez, su distribución está en directa relación con la problemática de la disponibilidad y acceso. Hay un tercer factor que, en el caso de la Argentina, tiene rasgos relevantes y que debe ser relevado a la hora de realizar un diagnóstico completo: las modalidades de empleo del recurso. Finalmente, un cuarto elemento (decisivo) en este esquema sistémico es la degradación medioambiental y la contaminación del recurso, lo cual se vincula, también, con las modalidades de empleo, criterios de gestión y administración de los bienes hídricos. Actualmente, en diferentes zonas del país el déficit de precipitaciones, como el caso de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú, es uno de los factores determinantes para la bajante histórica actual, considerada la más importante en nuestro país en los últimos 78 años. Esa bajante extraordinaria ocasiona, entre los principales efectos negativos, afectaciones sobre el abastecimiento del agua potable, la navegación y las operaciones de puerto, la generación de energía hidroeléctrica, el abastecimiento de combustibles y las actividades económicas vinculadas a la explotación de la cuenca conformada por los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.