Dentro de esto, la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) ha jugado un rol muy relevante, convirtiéndose en un catalizador que permitió el desarrollo de nuevas iniciativas legislativas, desde el año 2016 a la fecha. La Ley REP corresponde a un régimen especial de gestión de residuos, conforme al cual los productores de productos prioritarios son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos que comercialicen en el país y deben, a través de la conformación de los sistemas de gestión, hacerse cargo de la recolección y valorización de los residuos. Además, deberán dar cumplimiento a las metas establecidas en los respectivos decretos supremos. Por otro lado, a través del sistema de gestión el productor, importador o comercializador de un producto prioritario deberá contratar los servicios de gestores de residuos que demuestren el cumplimiento de las exigencias normativas, y contar con las resoluciones sanitarias que garanticen el adecuado desempeño de sus actividades. La REP está basada en diferentes principios que permiten fomentar e impulsar este nuevo régimen de gestión de residuos: El que contamina paga. El productor, comercializador o distribuidor de un producto debe hacerse cargo de los residuos que genera este producto una vez finaliza su vida útil. Además debe minimizar los impactos generados en el proceso