Un 28 de noviembre de 2007 en Argentina se producía uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental: se sancionaba la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El país se encontraba en emergencia forestal, con tasas de deforestación que rondaban el 0,94% anual (una pérdida aproximada de 700.000 ha por año), lo que impulsó a diferentes sectores de la sociedad civil a trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas. A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar la aprobación del proyecto de ley. Durante ese proceso, la Fundación Vida Silvestre Argentina aportó elementos técnicos para la discusión que luego se vieron reflejados en la Ley.