BIODIVERSIDAD Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el Consejo Federal del Medio ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo. La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 75% de la deforestación acumulada a 2022 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas, rojas y sin categorizar). Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes y la necesidad de incorporar en los OTBN los bosques sin categorizar, ya que allí ocurre el 44% de la deforestación. Además, no se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas. Avances en la gestión y rendición de fondos: desde su creación y puesta en marcha continúa habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos. La Ley de Bosques dispone que los fondos otorgados a las provincias deben ser destinados en un 70% a los tenedores de tierras que conservan los bosques, y el 30% restante para que las autoridades locales puedan implementar la ley. Sin bien la ejecución de estos fondos se agilizó con el tiempo, algunas provincias adeudan la rendición total. Conservar y utilizar de forma sustentable los bosques nativos es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes. - Manuel Jaramillo Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina - Daniela Gomel Especialista en Políticas Públicas y Gobernanza de la Fundación Vida Silvestre Argentina